COMUNICADO DE LOS COMPAHS DE PAH MADRID

Según la nota informativa recientemente publicada por el Banco de España, casi 50.000 familias perdieron su casa en 2013. Un 11% más que en 2012. De estas viviendas, cerca del 80% eran domicilio habitual. En total 38.961 familias desahuciadas de su primera vivienda en 2013. En todos los casos en que se ha desahuciado sin contemplar alojamiento alternativo, el desalojo constituye una violación de derechos humanos reconocidos en los Tratados firmados por España.

Desde PAH Madrid, queremos denunciar la estafa financiera que, año a año, hace aumentar el número de desahucios y que está dejando a decenas de miles de familia en la calle sin alternativa habitacional.

Además, queremos resaltar las limitaciones de esta nota informativa.

Esta nota no menciona qué bancos están desahuciando, pese a reconocer que los datos que contiene están facilitados por las propias entidades financieras. Consideramos que este dato es de especial interés ya que varias entidades en este país han sido rescatados con dinero público. Ningún desahucio de primera residencia debe ser permitido, pero resulta especialmente trágico que los bancos rescatados con dinero de todos sigan dejando a familias en la calle. Consideramos que este es un dato de especial interés que debería ser público.

Según el Banco de España, más de la mitad de las entregas de vivienda habitual en 2013 (21.054, un 54% del total) se produjeron por vía judicial, y en la gran mayoría de los casos las viviendas estaban ya vacías. En este sentido, denunciamos la situación de indefensión a la que se enfrentan muchas familias ante el procedimiento de ejecución hipotecaria, tramitados en su mayoría sin asistencia letrada, algo que supone una vez más una violación de derechos fundamentales.

También denunciamos la falta de información y recursos con las que la mayoría de familias se enfrentan a la entidad financiera y al procedimiento judicial, y la falta de compromiso de las instituciones públicas para revertir esta situación, llevando a muchas familias, presas del miedo, a abandonar sus viviendas antes de que concluya el procedimiento judicial, o sin explorar todas las vías para lograr su permanencia en su vivienda. Denunciamos también como la inmensa mayoría de estas familias, tras la entrega de la vivienda, mantienen una deuda perpetua con la entidad financiera que las condena a la exclusión social.

Los datos del Banco de España muestran también cómo la mayoría de entregas voluntarias de vivienda habitual, que suponen un 46% del total, se producen a través de la dación en pago (13.178 de un total de 17.907 entregas voluntarias, un 73,59%). Ésta es una de las medidas de mínimos defendidas por la PAH para garantizar que la pérdida de vivienda no vaya acompañada de una deuda perpetua con la entidad financiera. Es destacable en este sentido que el número total de daciones en pago en vivienda habitual desciende respecto al 2012. Esto nos habla de la dureza con la que la mayoría de entidades financieras siguen afrontando la búsqueda de un acuerdo con las familias, haciendo prevalecer su posición de fuerza frente a los deudores habitacionales y dejando patente que su mayor interés es maximizar sus beneficios, y no colaborar a la mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales.

De la misma manera, consideramos que esta nota no demuestra el problema de los desahucios en toda su magnitud. A parte de los desahucios hipotecarios, una de las mayores injusticias que nos estamos encontrando con respecto a esta temática son los desahucios de vivienda pública y social.

Estos desahucios son especialmente dramáticos porque las familias que los habitan son colectivos en riesgo de exclusión social. En lugar de desarrollar unas políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda, desahuciamos vivienda pública para podérsela vender a Fondos de Inversión a precio de saldo, como es el caso del lote de 1.860 viviendas que ha sido vendido por la EMVS a Blakcstone.

En relación a los desahucios con intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los datos aportados por el Banco de España anuncian un elevado descenso de los mismos: 93 de primera vivienda y 147 en total en el año 2013, frente a los 246 del 2012. Consideramos que estos datos ocultan la inmensa mayoría de desalojos forzosos que se producen por las vías anteriormente mencionadas, y que si bien no requieren el empleo de las fuerzas de orden público, siguen siendo altamente violentos porque vulneran derechos fundamentales de las familias. Además, no informan de la cantidad de desahucios en los que la fuerza pública no llega a intervenir, ni se ejecutan los lanzamientos, por la acción de los y las vecinas que defienden los derechos habitacionales de las familias a través de la campaña Stop Desahucios. Es por ello que seguimos denunciando con rotundidad la represión que sufrimos día a día los y las defensoras del derecho a la vivienda.

El problema de los desahucios es muy amplio y una de las batallas que damos desde las PAHs es tratar de mostrar la su auténtica magnitud, así como la injusticia que se lleva a cabo con ellos. No pararemos en nuestra labor.

Sí Se Puede.

PAH Madrid

Nota: puedes encontrar la nota informativa del Banco de España pinchando aquí