Crónica de un despojo en ciernes contra los ejidos

por Jairo del Moral*

*El compañero Jairo, ejidatario de nuestro municipio, lleva años en lucha legal contra este “fenómeno”, por él detectado, que básicamente consiste en una alteración de los certificados agrarios, el cual posibilita, en sus cálculos, el despojo a millones de campesinos. Este despojo en ciernes nace en el sexenio de Fox, pero es evidentemente un plan trans-sexenal tanto del PAN como del PRI. Los sustentos documentales de sus afirmaciones están en su página: http://jairodelmoralmendez.es.tl

En enero de 2005 me cedieron un derecho ejidal. En octubre del mismo año el Registro Agrario Nacional (RAN) en Quintana Roo me entregó mi Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común, el cual no contenía en su texto ningún porcentaje sobre las tierras que me correspondían, omisión que constituye una alteración, porque el certificado original que me cedieron sí contiene un porcentaje en su texto, y sin tal cifra yo nunca podría acreditar a qué superficie de tierras de uso común tendría derecho. Además, intercalaron en el texto las palabras “determine” y “detenta”: en su contexto, la primera revocaba el derecho ejidal que me cedieron, y a la vez pseudofacultaba a las futuras asambleas ejidales para que en tiempo pospretérito determinaran la proporción de tierras a asignar; la segunda palabra despojaba al ejido de la propiedad sobre las tierras de uso común. Cuestioné estas alteraciones al RAN, quien sofistamente negó mis argumentos.

En febrero de 2007 demandé al RAN ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 (TUA 44) con sede en Chetumal, quien en noviembre emitió una Resolución a mi favor (TUA 44-025/2007).

En abril de 2008 el RAN repone mi Certificado Agrario, pero en similar formato e idéntico texto al anterior. Tal desacato del RAN al resolutivo mencionado lo impugné ante el TUA 44, quien ahora, en contra de su previa Resolución y vía estrados, en mayo del mismo año decide que no ha lugar a acordar favorablemente a mi solicitud, en virtud de que los formatos para certificados agrarios son preimpresos e imposibles de modificar, mismos que el RAN utiliza a nivel nacional. Adicionalmente, ordenó el archivo de mi expediente como asunto concluido.

En septiembre de 2008 el Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo notifica al RAN que en los autos del juicio de amparo número 549/2008-1 la Resolución ha causado ejecutoria, advirtiéndose que se concedió amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa.

En mayo de 2009, el RAN, en acatamiento al amparo mencionado, me entrega mi Certificado Agrario con su debido porcentaje y sin las palabras “determine” ni “detenta”.

En noviembre de 2012, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la SEGOB envió a los secretarios de la Cámara de Senadores una iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Agraria. De tal iniciativa destaca el artículo Tercero Transitorio, que establece que, cuando la asamblea ejidal no haya otorgado dominio de las parcelas a los ejidatarios, ésta contará con un plazo de un año para reunirse y otorgarlas en propiedad; si no se reúne, los ejidatarios podrán seguir un trámite para solicitar al TUA ordenar al RAN entregar el título de propiedad por la parcela previamente otorgada.

La actual Ley Agraria, vigente desde 1992, dispone, en cambio, en su Art. 29, que cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo se publicará y las tierras se darán a los ejidatarios según los derechos correspondientes, sin rebasar los límites de la pequeña propiedad, y “si después de la asignación hubiere excedentes de tierra… pasarán a propiedad de la nación”.

El INEGI y el RAN señalan que existen alrededor de 5’700,000 ejidatarios y comuneros en 31,628 ejidos, con 100’473,830 has. de tierras ejidales. De ellos, 24,890 ejidos ya están parcelados, con 26’265,545 has. y el RAN ha emitido 5’465,194 certificados parcelarios, faltando por parcelar 6738 ejidos, con 74’208,285 has. de tierras ejidales de uso común.

Hasta aquí cabe concluir: a nivel ejido hay dos clases de certificados agrarios: el Certificado Parcelario, que se convertirá en título de propiedad, y el Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común, cuyo propietario es el ejido.

INEGI y RAN muestran que al 78.7% de los ejidos parcelados les asignaron el 26.1% de las tierras ejidales. Con esta tendencia, probablemente al 21.3% de los ejidos faltantes les asignarán un 7.1% de las restantes tierras ejidales.

Lo anterior significa que cuando privaticen los ejidos al 100%, el 66.8% de las tierras ejidales pasarán a propiedad de la nación. Con la propuesta del 2012, el Art. 29 ya no será optativo, sino obligatorio.

Dividiendo hectáreas parceladas entre certificados parcelarios, se obtiene un promedio de 4.8 has. por cada certificado.

La alteración de documentos públicos está tipificada como delito.

¿Acaso el RAN ha falsificado (alterado) los certificados para que, cuando privaticen los ejidos, sus titulares no puedan acreditar a qué superficie de tierras de uso común tienen derecho?

¿Qué propósitos tienen el RAN, el TUA 44 y la Procuradoría Agraria para ser omisos y remisos hasta la arbitrariedad, cuando se les ha demandado cumplir la Ley Agraria? Prueba de ello es que para ganar mi juicio tuve que recurrir a un amparo.

Si la falsificación a nivel nacional de estos certificados fuese sólo un error, el RAN no hubiera desplegado toda la evidente logística con la cual por años se ha defendido de mis denuncias. Con su defensa de lso certificados falsificados, el RAN demuestra que no defiende los intereses de los ejidos.

Los ejidatarios, durante todas nuestras vidas o parte de ellas, hemos invertido nuestra fuerza de trabajo y asumido el costo de brechar, mensurar, cuidar y vigilar nuestros ejidos, sin remuneración ni prestación alguna. Y pronto, cuando privaticen por decreto los ejidos, se nos despojará de nuestras tierras de uso común.

Los ejidatarios que carecemos de preparación jurídica y poder adquisitivo para contratar abogados estamos en la indefensión ante la arbitrariedad del Registro Agrario Nacional y la Procuradoría Agraria.