Fianza de 800 mde por la salida a bolsa de Bankia

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Un juez español ha impuesto una fianza civil solidaria a Bankia, su expresidente Rodrigo Rato, y varios otros imputados en la investigación por las irregularidades en la salida a bolsa de la entidad.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido finalmente imponer una fianza civil solidaria de 800 millones a los responsables de la salida a Bolsa de Bankia por el posible daño causado a los accionistas que acudieron a su salida a Bolsa.

En una diligencia dictada este viernes, Andreu da un mes para pagarla, o embargar sus bienenes por dicha cuantía a Bankia y su matriz BFA, así como a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Olivas y José Manuel Fernández Norniella.

Un grupo de accionistas minoristas afectados, que adquirieron unos 230 millones de euros en acciones, presentaron una petición de fianza que el juez lleva estudiando toda la semana tras escuchar a las partes el lunes.

Finalmente, el juez ha decidido imponer la obligación de afianzamiento de forma solidaria a las dos sociedades y a los cuatro exdirectivos citados “como responsables del acuerdo adoptado en la reunión del consejo de administración de Bankia” del 15 de junio de 2011 en que se aprobaron “los estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo” de la OPV y que según los peritos judiciales no era fiel a la realidad.

Los afectados solicitaban una fianza de 4,112 millones de euros que cubriera posibles indemnizaciones por los 3,092 millones de euros capatados por Bankia en su salto al parqué y el tercio adicional que permite la ley.

Rato, señalado desde el FMI hasta Bankia

¿Por qué 800 millones?

La cifra finalmente decidida, argumenta el juez, es “proporcionada, adecuada y justificada” y resulta de “una tercera partre de la suma invertida por los accionsitas minoristas, siendo esta de 1,800 millones de euros” más un tercio de esta cantidad: 800 millones de euros.

El juez defiende que con “la medida cautelar adoptada no pretende poner en duda la viabilidad económica y financiera de Bankia”, pero aduce que “esta viabilidad se debe” precisamente al hecho de que haya recibido 22,400 millones de euros en ayudas públicas.

La decisión supone defender la tesis de que son los accionistas minoritarios, no profesionales, los grandes afectados por la salida a Bolsa, mientras que se obvia de momento —y ante la falta de reclamaciones judiciales por su parte— el posible engaño que hubieran sufrido los accionistas institucionales.

Los accionistas institucionales

En este sentido, la mayoría de las entidades financieras que apoyaron la salida a Bolsa de Bankia han apuntado que no harán reclamaciones, como es el caso de Santander o Sabadell, mientras que CaixaBank ha decidido no opinar hasta que avance el proceso judicial.

Solo Mapfre, de entre los grandes accionistas mayoritarios de la operación, ha avanzado que podría intermponer acciones judiciales para recupeerar el dinero invertido ante la petición de sus accionistas en este sentido.

Con esta diligencia, el juez también da credibilidad a las conclusiones de los peritos judiciales —dos inspectores del Banco de España a quienes encargó el informe— que alegaron que la entidad no presentó una imagen fiel de sus cuentas en la salida a Bolsa. De hecho, el juez defiende “la especial relevancia que en este punto tiene, y ha de tener, la pericial practicada”.

El juez aduce que puede afirmar “con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad”.

La decisión es recurrible en un plazo de tres días en el juzgado que preside Andreu o en cinco, presentando directamente un recurso de apelación ante la sala de la Audiencia a Nacional. De no prosperar los previsibles recursos, las seis partes deberán sentarse a negociar qué pago asume cada uno, previsiblemente en forma de aval.

Las razones de la CNMV

En sus diligencias, el juez también advierte que tras solicitará a la CNMV “que remita el expediente tramitado de admisión a negociación de Bankia con especial hincapié en la resolución motivada” que se realizó “o las razones por las que entendió la CNMV que era posible formarse un juicio fundado sobre el emisor”.

Andreu expone, de hecho, que “los riesgos señalados en el citado folleto han quedado en puras anécdotas a la luz de lo ocurrido pocos meses después”, desde la quiebra del Banco de Valencia, que “no fue saneado por su matriz Bankia sino con cargo al dinero del FROB“, matiza, hasta la nacionalización y el rescate de la prpia entidad “con cargo al dinero del Estado por importe de 23,500 millones de euros”.

“Como es obvio, de tales hechos habrán de responder cuantas personas colaboraron a la creación y matneimiento de tal ficción”, prosigue el juez.