LA APERTURA DE TRIBUNALES DEL AÑO JUDICIAL ACTUAL 2013-2014

Ha tenido una enorme trascendencia la solemne inauguración, como siempre, del año judicial presidido por el Rey, que sigue muy afectado por las secuelas de las fracturas de columna y que además, a pesar de leer unas cuartillas, cometió un error que fue darle la palabra de nuevo al Fiscal General del Reino cuando procedía después de terminar su intervención darle la palabra al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Como no podía ser menos los puntos fundamentales del acto y de los oradores estuvo en la unidad indisoluble de España, la lucha contra la corrupción y un gran pacto por la justicia.

Habló en primer lugar Torres-Dulce, el Fiscal General, que dirigiéndose al Rey le manifestó: “Sois, señor, jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”, recordando que “Monarquía, y Estado, Nación y Constitución” son el fundamento indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, como reza el artículo 2 de la misma.

Y el Fiscal General del Estado basó su discurso en la lucha contra la corrupción, en la evolución de la delincuencia y en las reformas procesales en marcha. Y aquí hay un claro enfrentamiento con el Ministro de Justicia Sr. Gallardón y sus proyectos de Ley actualmente en tramitación, pues refiriéndose al Código Procesal Penal (nuestra vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal) advierte de una grave incongruencia (lo que yo siempre he mantenido), consistente en atribuir la investigación criminal al fiscal, ya que en definitiva es un cuerpo jerárquico dependiente del propio Gobierno.

Por su parte, el Presidente del Supremo y del Consejo General, D. Gonzalo Moliner, que acaba de obtener Sentencia favorable respecto de su recusación por haber pertenecido hace años al Partido Popular, defendió la reforma del órgano de gobierno de los jueces y que la misma se haga con el mayor consenso de las fuerzas políticas parlamentarias, afirmando que su legitimación no sólo deriva del sistema de elección parlamentaria o corporativa (como en el antiguo texto de la Constitución) sino también del hecho de que esa elección se haga por consenso y no por “cuotas”, pues se trata de una cuestión de Estado (frente a la Ley de Garllardón).

Y advirtió que hay importantes limitaciones en su estructura pues, aunque en general nuestra justicia es independiente y garante de imparcialidad, puede afirmarse que se necesitan mejoras importantes y hay que resaltar las modificaciones estadísticas entre los delitos de mayor trascendencia:

1.- Los procedimientos penales en el 2012 se han reducido levemente con respecto al año anterior (3’15%), aunque ocurre en la praxis que la gente no denuncia, entre otros motivos por la lentitud de la justicia que como se ha dicho hasta la saciedad, una justicia lenta, o lentísima, como la española, no es justicia y al alto porcentaje de absoluciones e impunidades.

2.- En cambio los robos con fuerza en casas habitadas o negocios abiertos al público aumentaron en un 24%, lo que crea gran inseguridad ciudadana, especialmente en robos cometidos por bandas dedicadas a la sustracción de oro y joyas (con notable presencia de extranjeros)

3.- La ocupación (okupas) de viviendas que en 2011 subió en un 50%, creció también, aunque en menor medida, un 20% el pasado año, achacándolo el fiscal a la crisis económica, y también añadiría yo, a la lenidad de nuestras autoridades policiales y sobre todo de las penas que en su día impongan los tribunales, si es que las imponen, y a la protesta generalizada a través de las redes sociales de los llamados “populismos”, encabezados por el 15 M, Plataforma antidesahucios, etc. que con auténtica violencia y coacciones impiden que la justicia sea eficaz en un Estado de Derecho, suspendiendo centenares de desahucios y dejando impunes las ocupaciones de edificios vacíos en obras o paralizada su ejecución o incluso terminados y pendientes de inauguración, y arrasándolos y vaciándolos.

Pero lo que es más grave y sintomático del estado del país y el deterioro del orden público y de respeto a la Ley es que la Fiscalía señala en su memoria que las Sentencias por corrupción (política por supuesto) han aumentado en un 150% en los últimos tres años.

Es realmente para estar alarmados y desde luego, tales realidades han trascendido a la prensa y medios de comunicación nacional e internacional, lo que está produciendo un grave deterioro y desprestigio a nuestra nación que siempre se caracterizó por su respeto a la Ley, seguridad y baja delincuencia, base por otra parte del turismo, casi uno de los primeros renglones de nuestra economía.

Pero todo ello es producto más que de la crisis económico-financiera, de la crisis moral como lo hemos dicho numerosas veces y lo ha anunciado el propio Papa actual, el Jesuita Francisco, la pérdida de todos los valores morales, éticos y cristianos y del sentido trascendente de la vida, el deterioro de las relaciones interpersonales y sobre todo familiares y educacionales.

La Laguna de Santa Cruz de Tenerife, a 20 de Septiembre de 2013