Los puertos gallegos retirarán los barcos abandonados sin actividad en seis meses

Las direcciones de los 122 puertos de titularidad autonómica retirarán los barcos abandonados a partir del sexto mes en que su propietario haya dejado de pagar las tasas correspondientes al amarre o a su estancia en seco, decisión que afectará también a vehículos, maquinaria u otros objetos a partir del primer mes de abandono. Esta es una de las novedades que incorpora el anteproyecto de Lei de Portos que ayer aprobó la Xunta y que ahora inicia su tramitación parlamentaria. “Somos la primera comunidad con una ley así”, añadió el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

La nueva normativa prevé agilizar la retirada de buques abandonados y adaptarse a los usos de las dársenas gallegas, donde se combinan la actividad profesional de altura y bajura, y los usos recreativos, comerciales y complementarios. “Es difícil encontrar otro sistema portuario con tanta diversidad como los gallegos”, explicó Feijóo.

Entre las novedades del proyecto, elaborado tras consultar al sector, según la Xunta, se encuentra el aumento del plazo de las concesiones, que pasará de 30 a 50 años, como un intento para fomentar las inversiones del sector con mayor tiempo para amortizar sus negocios, en consonancia con el decreto estatal de medidas urgentes para mejorar el crecimiento.

Para “fomentar la transparencia” en las concesiones de servicios, explica el Ejecutivo, se recupera el trámite de competencia. Además, el anteproyecto incluye la atribución de “autoridad” del personal del puerto, lo que les permitirá imponer sanciones, y fija por ley la obligación de la regeneración de las aguas para las empresas que viertan material contaminante al mar, así como sanciones. “La ley favorece así pedir indemnizaciones”, añadió Feijóo durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Cada uno de los 122 puertos gallegos deberán actualizar cada lustro sus planes directores de infraestructuras, al tiempo que tendrán que crear planes especiales con la planificación específica de cada dársena.

La reunión semanal del Ejecutivo autonómico también aprobó el convenio del plan estatal de vivienda 2013-2016 que permitirá a a la Xunta recibir 39,7 millones para destinar a ayudas al alquiler y fomentar la rehabilitación. Este programa contempla ayudas de hasta el 40% de la renta anual familiar con un máximo de 2.400 euros por vivienda durante un año prorrogable otro hasta el final de 2016. Entre las medidas que fomenta este convenio se encuentra también la financiación de la rehabilitación de edificios destinados a viviendas de alquiler o los centros históricos.

En abril, el Gobierno respondió a la diputada socialista en el Congreso Laura Seara que la comunidad aún no había justificado los 39 millones asignados en el período 2009-2012, de los que 3,8 millones estarían ya fuera de plazo.

La Xunta también aprobó ayer definitivamente el código ético de buenas prácticas para su personal. Este ya regía para altos cargos y personal de confianza, tras ser aprobado el documento en abril, si bien no detallaba el cese de los altos cargos si aceptaban regalos.

La normativa, que limita los presentes a la “cortesía institucional” siempre que no supere el valor de 90 euros, se aplicará ahora a todo el personal de la administración autonómica, tras ser abordado con los representantes sindicales. Este proceso provocó la dilación en este último trámite.

Otros de los asuntos aprobados por el Gobierno gallego fue la firma del convenio para construir la depuradora de Ribeira, una inversión de 25 millones de euros, y la estrategia para fomentar la implantación del acceso a internet hasta 2020, así como el decreto que regula el transporte adaptado de carácter puntual, del que se encargará a partir de ahora el 065. Para los viajes habituales se usarán líneas regulares que aplicarán copago.

Hasta ahora, todos los dependientes utilizaban el servicio del 065 para acudir a sus centros de día en viajes de carácter habitual y, por tanto, no debían pagar por él. http://www.farodevigo.es/