Partido dominante, calle disruptiva

OPINIÓN

Escribe Miguel Angel Iribarne, profesor universitario (UCA), abogado, historiador, colaborador de Lacity.com.ar.

 

 

 

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Desde hace algunas décadas son moneda corriente en la Politología los conceptos de «partido dominante» y «partido hegemónico», forjados en la Academia norteamericana para caracterizar situaciones de pluralismo imperfecto, intermedias entre los regímenes monopartidistas y los plenamente competitivos. El primer caso alude a aquellos sistemas en que hay varios partidos que son iguales en derechos, pero alguno «es más igual que los otros», para decirlo con George Orwell.

Tal estado de cosas generalmente no deriva de apriorismos ideológicos ─más aptos para legitimar los extremos del continuum─ sino a procesos históricos que, abarcando varias generaciones, han llegado a consolidar una situación de primacía de facto a favor de uno de los competidores sin llegar por ello a destruir a los restantes. Los indicadores de la existencia de un partido dominante son, entre otros, el triunfo reiterado en gran número de elecciones nacionales, el control político de la mayor parte de las instancias subnacionales (estados, provincias, municipios) y la convicción difusa en la mayor parte de la población de que «hacer política» exitosamente pasa por militar en los cuadros del mismo. La situación del Partido Demócrata en el sur de los EE. UU. desde la Guerra Civil hasta 1968, la posición de la Democracia Cristiana en la Italia de postguerra y hasta 1994, la del Partido Liberal Demócrata en el Japón de la segunda mitad del siglo XX, son, entre muchos otros, ejemplos de tal configuración política. En la Argentina, desde el restablecimiento de la democracia, el Partido Justicialista ─y las coaliciones que generó─ se acercaron sensiblemente a cubrir ese rol que, sin embargo, no llegó a consolidarse plenamente por los triunfos radicales de 1983 y 1999 y de Cambiemos en 2015, triunfos estos que nunca alcanzaron para dominar el Poder Legislativo ni la mayor parte de las provincias y comunas.

Y bien: todo indica que en diciembre próximo, con la instalación de las autoridades electas, se reanudará la tendencia a estructurar la Argentina como una «democracia de partido dominante», con todos los efectos políticos y sociales que ello lleva implícito.

Pues el tema que tratamos no se agota en una sofistería conceptual más o menos elegante, sino que arroja luz sobre la conducta previsible no solo de los miembros del partido en cuestión, sino sobre la de la totalidad del liderazgo de los múltiples ámbitos en que se estructura la convivencia social. En efecto mientras en las democracias plenamente competitivas los diversos grupos de interés, lobbies, etc. se mantienen prescindentes respecto de la competencia partidaria o, en cambio, eligen canalizar sus reivindicaciones a través de uno u otro de los bandos en pugna, en el caso de la democracia de partido dominante (DPD) toda esa diversidad de demandas, y la conflictividad de ella derivada, tiende a instalarse en el seno del partido de gobierno. Esta capacidad centrípeta del partido dominante, por un lado, deja exangüe a la oposición y, por otro, asume una enorme carga de tensiones a la larga centrífugas en la coalición oficialista.

Creo que esto es lo que tenemos por delante. No soy de quienes se inclinan a ver en Alberto Fernández un simple títere o testaferro de la familia gobernante hasta 2015. Pienso, al contrario, que tiene una singular personalidad política la cual tal vez haya encontrado en esta coyuntura histórica (siempre la fortuna de Maquiavelo…) la ocasión para desplegarse. En esta perspectiva, la Presidencia de la Nación puede convertirse en la palanca que el peronismo ─el de los gobernadores, el de los intendentes, el de muchos sindicalistas─ utilice para intentar definitivamente liberarse del kirchnerismo, operación que no supieron, no quisieron o no pudieron concretar en una década y media.

Alberto Fernández, en potencial coincidencia táctica aunque no estratégica, con Sergio Massa, puede decidirse a hacer uso efectivo de sus prerrogativas, colocándose anticipadamente en condiciones de obturar el avance del proyecto «Máximo 23». Por supuesto, el enfrentamiento difícilmente resulte solo palaciego.

Y aquí es donde aparece la particular significación que asumiría en tales circunstancias «la calle», a la que se intentará alternativamente movilizar o aquietar, pero que ineludiblemente quedará entre nosotros en los próximos años como un extrapoder con sensible capacidad desestabilizante, Hay, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una masa disruptiva movilizable (MDM) que incluye desde algunas decenas a centenares de miles de personas, cuya sola presencia ─máxime cuando puede contar con complicidades internas en el aparato de poder─ crea condiciones insalubres para el funcionamiento institucional del país.

Diversos temas que requieran definiciones de los más altos niveles gubernativos pueden resultar la ocasión propicia para desatar la dinámica de la MDM. Los más obvios resultan de la necesidad elemental de adoptar políticas macroeconómicas racionales de cara a una lenta normalización de nuestras relaciones financieras con el mundo. Pero existen también otros desafíos, como la política de seguridad o la política exterior, que pueden hacer cimbrar la estructura interna del partido dominante. Tengamos presente que todo ello se irá viviendo con el fondo de una gigantesca lucha geoestratégica entre las dos mayores potencias del planeta, en la que la Argentina no debiera distraerse ni equivocarse en la elección.