Se avecinan cambios en el sector de Auditorías

El Gobierno tiene 2 años para adaptar la directiva comunitaria, aunque parece que lo hará más rápido

El Gobierno tiene 2 años para adaptar la directiva comunitaria, aunque parece que lo hará más rápido

El Gobierno prepara una nueva ley de auditoría para adaptar la directiva comunitaria que regula el sector. Según las informaciones publicadas hasta el momento, el Consejo de Ministros podría aprobar ya en septiembre la trasposición de la directiva comunitaria, para que llegue al Congreso en octubre.

La nueva legislación supondrá un endurecimiento de las condiciones para los auditores y sus empresas. En este celo por aumentar el control sobre el sector de auditorías influyen sonados episodios recientes como el caso Gowex, que puso en tela de juicio no sólo al MAB (Mercado Alternativo Bursátil) y a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), también a las empresas de auditoría ya que la responsable de la supervisión y control de las cuentas de Gowex no alertó en ningún momento, un fallo o dejación de funciones que habría que atribuir al profesional encargado de dicha tarea, pero cuya responsabilidad se ha derivado, por extensión, a todo un sector.

La Corporación de Auditores y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas reaccionaron ante este acoso y descrédito de la profesión mediante un comunicado en el que proponían una investigación rigurosa y rápida para aclarar lo sucedido, al tiempo que reivindicaban el buen hacer de la mayoría de los auditores y destacaban que es “probablemente la actividad profesional más regulada y controlada”.

En nuestro país hay actualmente más de 20.000 auditores y 1.300 empresas vinculadas a este sector que se verán afectadas por la nueva ley. Según las informaciones difundidas, se endurecerán las condiciones para ejercer esta tarea con medidas como:

  • Rotación obligatoria a la hora de designar auditor para una empresa: la directiva comunitaria establece un período mínimo de 1 año y máximo de diez, pero el Gobierno español podría reducirlo o también ampliarlo hasta 20 años siempre y cuando se convoque una licitación pública en la primera mitad.
  • Limitar la facturación a una misma empresa por distintos conceptos: la directiva comunitaria define una serie de trabajos que estarían prohibidos, aunque no concreta demasiado, de forma que serán los gobiernos de cada país los que establezcan los límites finales. Y parece ser que el propósito del Gobierno español es la “facturación cero”, es decir, que no se pueda prestar ningún otro servicio profesional a la empresa a la que se está auditando.

Los gobiernos tienen dos años para adaptar la normativa comunitaria y los expertos consideran que sería recomendable agotar dicho plazo ante las numerosas consultas que están generando algunos conceptos, lo que podría implicar cambios en la legislación. Pero acontecimientos como el de Gowex, o antes Pescanova, podrían acelerar las cosas en nuestro país.