Cicuta

banner2-f082394f3425d2256b631e6f0ceb1246Jaime Flores Martínez
Embute
Ignorantes del cochinero existente en la concesión por el arrastre y almacenamiento de vehículos motores, integrantes del Ayuntamiento de Rosarito avalaron el jueves que la empresa Grúas Salceda sea la única que prestará este servicio durante la presente administración.

Y es que los regidores desconocen que el alcalde de Rosarito Silvano Abarca Mackils acordó con el representante de Grúas Salceda convertirla en concesionaria absoluta a cambio de entregarle más de un millón 600 mil pesos. Esa cantidad es un adeudo de Grúas Salceda con el anterior gobierno local.

Durante el anterior trienio, el servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos lo compartían las empresas Grúas Salceda y Grúas Peña, aunque la primera realizó un remate de vehículos que arrojó ganancias por unos 4 millones de pesos.

La normatividad señala que la empresa debe entregar la tercera parte a la autoridad municipal, aunque los tiempos “no se dieron”. Apenas el mes pasado representantes de la empresa notificaron al alcalde la existencia de ese dinero.

En la maniobra metió la mano la regidora Zulema Beltrán y el Oficial Mayor del Ayuntamiento Luis Franco. El acuerdo establecería que ambos se repartirán la mitad de ese millón 600 mil, mientras la otra mitad se apretujaría en los bolsillos del alcalde Abarca.

Don Silvano habría cabildeado entre los regidores la aprobación “fast track” de la concesión exclusiva a Grúas Salceda, aunque nunca les dijo que entregarían dinero en efectivo.

No obstante las cosas no resultaron como esperaban pues el propietario de Grúas Peña descubrió alteraciones en el concurso que se realizó para la entrega de la concesión. La propuesta de Peña fue alterada de forma descarada y burda. Los encargados de realizar la licitación modificaron las cifras para dejar libre el camino a Grúas Salceda.

Cicuta comprobó que los afectados tienen en la mano la documentación claramente alterada y por ello analizan presentar una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado en la que no solo señalaría a los responsables de la alteración de la documentación oficial, sino destaparían una cloaca maloliente que involucra directamente al alcalde Rosarito, a una regidora y al oficial mayor.

Los regidores que avalaron la concesión están obligados a revisar con detalle el contenido de las propuestas de ambas empresas. Ante la corrupción descarada, a nadie extrañaría que funcionarios de primer nivel propongan la entrega del dinero en efectivo que seguramente intentaran diluir con el paso del tiempo.

Si bien el Congreso del Estado es el encargado de aprobar las cuentas públicas de los Ayuntamientos, también es cierto que los pactos entre los legisladores y los mandatarios locales son asunto común.
El pasado fin de semana el periodista Gilberto Lavenant destapó una coladera donde afloró una podredumbre extraordinaria.

El ex alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo debió acordar con la anterior legislatura para avalar su cuenta pública 2012. Este documento es exactamente el mismo que la cuenta pública de un año anterior. Alguien hizo copy paste para ambas cuentas.

El Órgano de Fiscalización a cargo de Manuel Montenegro pareciera una caricatura de los años sesentas, donde el dibujante descuida detalles que los personajes. El Orfis apesta.

Sehila

Desesperada ante la lentitud patológica de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDH), la ciudadana Sheila Vázquez Arenas atendió a su desesperación al recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Y es que Sheila Vázquez no justifica la desatención de la PDH sobre la queja que presentó a principios de febrero contra Modesto Ortega Montaño, quien cobra como director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).

A mediados de diciembre del 2013, la señora Vázquez fue despedida de esa paraestatal por “falta de probidad”. Montaño dijo que Sheila lo había amenazado y por eso la corrió. Amiguísimo del gobernador, en realidad don Modesto le abría espacio laboral a muchos que apoyaron la campaña.

Sheila Vázquez denunció ante el tribunal laboral y ante la PDH, aunque esta última se lava las manos al argumentar que es un asunto eminentemente laboral. El jueves la CNDH le sugirió presentar un recurso de revisión porque sólo así podría entrar en la competencia federal. El caso de Sheila es sólo un botón de muestra, pues los despidos injustificados se cuentan por docenas y las quejas desatendidas en la PDH generan vómito en los cajones de esa institución

Madre

Gratamente emocionada quedó una mujer que la tarde del sábado estaba en una cafetería de Playas de Tijuana. Ahí llegó la delegada Adriana Padilla a regalarle una rosa roja. En el festejo del Día de las Madres, ese detalle despertó un emotivo sentimiento a una mujer cuyo esposo e hijos viven en Estados Unidos. Esa familia está separada desde hace dos años.

La funcionaria hizo feliz a una ciudadana triste en un día especial. Con una flor movió emociones.

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