Disyuntiva inadmisible

Ningún país del mudo y mucho menos uno con graves desigualdades y aguda disparidad en la distribución de los ingresos, debería darse el lujo de tener un sistema fiscal ineficiente.

Menos podría darse ese lujo, un país que recauda apenas el 10 por ciento del PIB, en contraste con el 26.3 por ciento que recaudan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico.

Y aún menos, si en ese país viven 50 millones de personas en pobreza extrema y el gasto público en salud equivale al 2.8 por ciento del PIB; en programas sociales 7.6 por ciento del PIB y en inversión pública 2.3 por ciento del PIB, cifras que equivalen, a sumas de entre dos terceras partes y la mitad de las inversiones de los países de la OCDE.

Peor aún, si en el país del que hablamos los niveles de elusión y evasión fiscal son monstruosos y la informalidad crece como un hongo mortífero por todas partes, en proporciones alarmantes y con gente que amasa verdaderas oftunas sin pagar un centavo de impuestos, y aún vioalndo impunemente leyes de propiedad intelectual y los más elementales principios éticos de comercio y competencia.  ¡Tamaña injusticia!

Una de las prioridades de un país con esas características, debería ser mejorar su sistema fiscal, para facilitarle a sus ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones y recaudar más y distribuirlo mejor.

Sin ser economista –perdónenme los especialistas si cometo un sacrilegio teórico– inclusive un gobierno en esas circunstancias, debería permitirse la libertad de implementar algunas soluciones heterodoxas, con tal de que los ciudadanos cumplan sus obligaciones y se puedea usar la recaudación fiscal como herramienta para atemperar las desigualdades sociales en salud, educación, seguridad, servicios públicos y otras obligaciones del Estado.

El más elemental sentido común apunta en esa dirección.

Pero hay un país que hace todo lo contrario: complica el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ahorca a los contribuyentes cautivos y deja de lado el grave problema de informalidad, lo cual permite que éste crezca sin control.

Llega al extremo de colocar a mucha gente en la disyuntiva: “¿dedico prácticamente todo mi ingreso a cumplir con mis obligaciones fiscales, o mejor renuncio al trabajo?”

Cuando una persona llega a plantearse algo como esto, evidentemente el sistema fiscal no está funcionando. Algo de perverso y gravemente inoperante tiene, que la gente no encuentra salida y piensa en dejar de trabajar.

Ningún gobierno se puede decir ni modestamente eficaz, cuando su sistema fiscal crea condiciones de esta naturaleza y cuando a las afueras de las oficinas recaudadoras, se ven enormes filas de gente que debe de perder no uno, sino dos o tres días laborales, sólo para cumplir las exigencias del fisco, o de lo contrario enfrentar multas draconianas y brutalmente injustas.

Además, si el sistema fiscal es capaz de regresarle un buen día 3 mil 300 millones de pesos a una compañía  multinacional por los ajustes de los impuestos, mientras persigue como si fuera la “Santa” Inquisición a un pobre ciudadano que tiene una deuda de 5 mil pesos, es evidente que se trata de un sistema fallido.

Claro que las cuentas nacionales y un sistema fiscal no es cosa fácil de manejar. Se necesitan capacidades técnicas y conocimientos especializados, así como un aparato burocrático de altas especificaciones para darle vida y funcionamiento.

Pero cuando el país en cuestión tiene todo ese aparato burocrático con gente especializada y educada en las mejores universidades del mundo, pero el sistema fiscal permite injusticias tan brutales como las arriba descritas, entonces de nada sirve tener a esa gente.

Es evidente que el sistema no funciona. No hay vuelta de hoja.

Ese, lamentablemente, es el caso de México, donde muchos ciudadanos de bien ven frustrada su capacidad para salir adelante, por un sistema fiscal que les pone la bota en el cuello, en lugar de estimularlos para generar riqueza y garantizarle un futuro a sus familias.