EL SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA: Las crónicas de un sometimiento anunciado

Salario mínimoA propósito del curioso caso del salario mínimo en Suiza, en donde se rechazó por medio del referéndum la instauración de la que sería la cifra más alta del salario mínimo jamás antes vista a nivel mundial, resurge el debate acerca de la eficiencia en el manejo de este sistema al interior del país; y es que no es para nadie un secreto los grandes disgustos que este tema ocasiona.

La existencia del salario mínimo se justifica, entre otras razones, por la necesidad de controlar el poder de mercado que pueden tener las empresas frente a los trabajadores que no tienen información, influencias ni medios para encontrar otros empleos con una mejor remuneración; pero queda la duda si en la práctica, dicho poder de mercado está siendo debidamente controlado o por el contrario, se trata más bien de una manipulación mediática. Pues bien, en este apartado estudiaremos esta situación o por lo menos, se dejará abierta la posibilidad de establecer las bases para un potencial debate.


El salario mínimo es el reconocimiento en un país en donde hay una mayor oferta que demanda de trabajo, entendiéndose el primero como aquella que realizan los empleados y el segundo como aquella referente a los empleadores. Por lo tanto, la intervención estatal no sólo es necesaria sino que moralmente justificada para que defienda al trabajador de la potencial explotación del patrono. Dicho de otra forma, es un límite de subsistencia que se considera necesario para brindarle a una persona una vida digna en la cual pueda cubrir sus necesidades básicas. Es de anotar, que esta es una figura que aplica para el trabajo subordinado o dependiente, no para las demás modalidades de trabajo, aunque puede servir de referencia.

Para la determinación de dicha cifra, se reúnen los representantes de los empleadores, los trabajadores y finalmente los representantes del gobierno, dónde estos últimos asumen, inicialmente, el papel de mediador que le otorga la ley en el proceso de negociación, aunque en la práctica es poco lo que se puede evidenciar al respecto. El Gobierno propone una cifra desde el inicio, cifra que por lo general acogen los empresarios y que se encuentra lejos de la propuesta de los trabajadores. En este sentido, es posible afirmar que el gobierno no ejerce un papel de verdadero mediador; en la práctica, se trata de un agente activo en todo el proceso de negociación. Por tanto, en materia de capital simbólico, tanto el gobierno como los empresarios se encuentran privilegiados; esto les permite apropiarse de la ley como un recurso y logran guiar así las líneas de los discursos en la negociación contra las centrales obreras, que en la mayoría de los casos han resultado inconformes con los resultados, tanto así, que en repetidas ocasiones han amenazado con retirarse de la mesa de concertación, lo que denota una diferencia en el poder de negociación de cada una de las partes.

Siempre que no hubo acuerdo, el gobierno tuvo la tendencia a asumir la cifra más baja de las propuestas, pues no tiene la obligación de buscar una cifra intermedia que concilie los intereses de ambas partes una vez fracasadas las negociaciones, y esa cifra por lo general es la más conveniente para los empresarios, obviando que el salario mínimo debe cumplir con una auténtica función social, y no simplemente económica, política y jurídica. El salario mínimo tiende a determinar una garantía mínima para todos los trabajadores como principio fundamental del derecho de trabajo; busca primordialmente una armonización de los intereses de las partes que conforman la relación laboral.

Claro está que el ejecutivo no podría fijar el salario mínimo arbitrariamente sino atendiendo a los criterios constitucionales, y no considerando exclusivamente el indicado parámetro de la meta de inflación proyectada para el año siguiente. Sin embargo, se debe estudiar la posibilidad de un salario mínimo integral, que no sólo implique la discusión en torno al incremento en términos numéricos del salario mínimo, sino que también se observe otras políticas que no vayan en contra de los incrementos, como las relacionadas con alzas de combustibles, precios de alimentos, educación gratuita para los estratos más bajos, entre otros; pues si bien los trabajadores que no tienen un empleo formal, los cuales constituyen cerca del 50% de la población ocupada, no devengan un salario que debe ser ajustado acorde a lo logrado con las negociaciones del mismo, éstos deben asumir gastos relacionados con alimentos, gasolina, educación etc.

Por consiguiente, hay evidencia suficiente para concluir que existen problemas estructurales en la economía del país que impiden que el salario mínimo sea un verdadero mecanismo de bienestar social; problemas como la inequitativa distribución el ingreso que ha caracterizado al país por muchos años y el atraso en materia educativa de muchos de los agentes del mercado de trabajo obstaculizan el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, y por tanto del bienestar social. Por ello se considera que no debe ser materia de frustración para los empresarios que en las mesas de negociación se incluyan estos temas, pues no solo se trata de lograr un incremento salarial, sino de beneficiar a un número cada vez mayor de la población, ya que además de que el salario mínimo sirva como un punto de referencia en el mercado de trabajo, las otras medidas que se adoptan por el gobierno a raíz de las peticiones de los sindicatos son verdaderamente beneficiosas para todo el mercado.