La economía fácil

Todavía recordamos aquellas palabras de Jordi Sevilla al expresidente Zapatero, “Lo que te quiero decir, lo que tú necesitas saber para esto son dos tardes“. Unos micrófonos indiscretos captaron la siguiente conversación tras una reunión con diputados del PSOE para explicar las líneas generales de una alternativa presupuestaria, y así llevamos casi 7 años de crisis profunda.

La economía es una ciencia social que estudia, a través de los bienes y servicios, la forma en que individuos y sociedades sobreviven, funcionan y prosperan.

La biblia ya recoge en sus textos la figura del recaudador de impuestos, lo llama publicanos y los categoriza como personas muy codiciosas que tenían más dinero del que les daba derecho, como vemos los sistemas fiscales y sus agentes nunca gozaron de buena prensa.  A día de hoy contamos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), organismo público encargado de la gestión del sistema tributario, aduanero y cualquier otro que se le encomiende.

En España se han producido tres hitos en las reformas fiscales que adaptaron el sistema recaudatorio del país a las necesidades de su época. La reforma de 1845 llevada a cabo por una comisión entre los que destacaban Mon y Santillán, de los que toma su nombre, a las órdenes del ministro Manuel Cantero de San Vicente, fue la primera gran reforma y pretendía acabar con los impuestos de origen medieval, su diversidad y aplicaciones territoriales.

La reforma trataba de introducir los principios tributarios liberales: legalidad, suficiencia y generalidad e implantar un sistema fiscal unificado para todo el país. De esta manera, se suprimieron las aduanas interiores, los diezmos, la alcabala (tanto por ciento pagado al fisco por compraventas y permutas), para dar prioridad a los impuestos directos, contribución sobre bienes inmuebles, cultivos y ganadería, a la vez que se gravaba las actividades industriales y comerciales con una parte fija y otra variable.

Por aquella época, la reordenación tributaria fue la base de la recuperación de la Hacienda durante el reinado de Isabel II y la que hizo posible el desarrollo de las obras públicas. El sistema establecido en 1845 perduró hasta 1900, con algunas pequeñas transformaciones, hasta que los problemas financieros derivados de las guerras coloniales impusieron la reforma de Raimundo Fernández Villaverde.

Raimundo Fernández Villaverde fue nombrado ministro de Hacienda en 1899, tras el desastre de la guerra en Cuba y Filipinas, que había supuesto una deuda de unos 11.500 millones de pesetas. Su labor más urgente fue reducir la deuda pública y reformar el cuadro de los ingresos. Para controlar la deuda pública tomó medidas que demoraban el pago y reducían los intereses.

Esta segunda gran reforma reduce el cuadro de la imposición directa, se comienza a tributar por la riqueza y se imponen contribuciones sobre las utilidades, sobre las rentas del trabajo y del capital y sobre los beneficios de las sociedades. Cobrar a las sociedades simplificó mucho la recaudación en la época al crearse, paralelamente, el Registro de Sociedades.

Llegamos a 1977 con la reforma de Fernández Ordónez, esta reforma supuso un cambio histórico porque enterraba un sistema fiscal que había durado 132 años (desde la reforma de 1845 y los retoques del 1900). Introdujo en España con mucho retraso el modelo tributario “socialdemócrata”, característico del Estado del Bienestar que se había instalado en la Europa democrática, tras la segunda guerra mundial.

Al año siguiente de la reforma se pone en marcha el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre los Beneficios de las Sociedades. El sistema previsto quedó completado con la entrada en vigor del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) el 1 de enero de 1986, lo que nos convertía en europeos de pleno derecho y nos hizo cantar aquello de “Que viva el IVA”. Esos dos impuestos (IRPF e IVA) pasan a ser los dos pilares del “nuevo” sistema tributario español de la actualidad.

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Futuro en el sistema fiscal

Hacia dónde debemos caminar, hacia una mayor seguridad jurídica del contribuyente con la máxima claridad y simplicidad en la redacción de las normas tributarias que permitan entender a todos los ciudadanos el cumplimiento de un gravamen. Debemos acabar con la yuxtaposición de normas en los tres niveles del Estado, central, autonómico y local, que entorpece la salida de la crisis. A su vez, los impuestos deben estar concebidos para que su cumplimentación y el posterior control administrativo sean sencillos.

Es preferible evitar la creación de impuestos nuevos, optándose cuando sea posible por introducir modificaciones a los existentes. Las normas fiscales deben mantener cierta permanencia en el tiempo, este es un factor importante para su aceptación. La ciudadanía debe llegar a comprender las reglas del juego antes de que vuelvan a ser cambiadas. Las empresas deben tomar decisiones de inversión sobre la base de una proyección predecible de la carga fiscal.

Un marco impositivo claro permitirá, más allá de simplificar los procedimientos de gestión y pleitos, reducir los casos de litigio ya que el último informe de Hacienda estima que la cantidad en cuestión sin ingresar a las arcas supera los 10.000 millones de euros por este tema.

Deuda y desigualdad

En macroeconomía el PIB (Producto Interno Bruto) mide el nivel de actividad económica, se utiliza este concepto para conocer la producción total de bienes y servicios por períodos determinados, un año, y se refleja en valor monetario. En 2013 la cifra fue de 1.022.988 millones de euros.

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Actualmente partimos de un endeudamiento público cercano ya al 100% del PIB (con previsión de seguir aumentando), dato sin parangón en la historia de nuestro país desde hace un siglo, lo que produjo en su momento la reforma de Raimundo Fernández Villaverde a raíz de la guerra de Cuba y Filipinas. Basta con constatar la evolución del gasto público en los últimos 15 años, en plena burbuja inmobiliaria, para reconocer que nuestros políticos aumentaron aún más el gasto cuando deberían haber tendido a reducirlo (guardar cuando hay para cuando no hay) y ahora en plena crisis es fácil comprobar como los ingresos caen drásticamente, no así los gastos, ni la estructura del Estado se reformula convenientemente para adaptarse a la nueva situación. Una administración de lo público que responde más a intereses partidistas que generales.

La falta de decisión del Gobierno actual queda plasmada en las propuestas llevadas a cabo al subir los tipos impositivos en los impuestos fundamentales y de rápida recaudación (IRPF, IVA) sin afrontar la falta de equidad, que se está transformando en el gran problema de nuestra economía.

“El IVA es un impuesto regresivo, un impuesto que grava el consumo y por tanto recae con más fuerza sobre las rentas bajas, las que están obligadas a consumirse en su totalidad, y por eso son gravadas en su totalidad. Quien ahorra la mitad de su renta, tiene una parte que no está pagando el IVA”.

Son necesarias mayor ambición y mayor claridad en el modo de conseguir el objetivo primordial, “que paguen los que hoy no pagan lo suficiente, para que puedan pagar menos los que hoy pagan más de lo que les corresponde”.

Uno de los principales retos es acometer una lucha sin precedentes contra el fraude fiscal que permita aflorar las cantidades que se ocultan como también la economía sumergida. Hace unos días, un periódico digital publicaba un informe de Fedea que afirmaba: “El 50% de las rentas empresariales y de capital se ocultan a Hacienda”.

Otro objetivo primordial es hacer converger en su tratamiento impositivo a las rentas del trabajo con las rentas de capital, agregando todas ellas en una única base imponible. Gravar las rentas del capital no es menos adecuado de lo que puede ser gravar otras rentas, trabajo, cuya obtención requiere un esfuerzo mayor.

Estimular la creación de empleo

El elevado coste de las cotizaciones sociales en España frena cualquier decisión de un empresario para contratar a un nuevo empleado. Nuestro país posee en este ámbito una de las fiscalidades más elevadas, a su vez, una de las tasas de desempleo más atemorizadora de toda la región.

Previsión de la tasa de paro en 4 países UE hasta 2017

Previsión de la tasa de paro en 4 países UE hasta 2017

Frente a la situación de desempleo que sufre el país cabe reflexionar si es razonable que, por cada 100 euros que una empresa paga a un empleado, tenga que pagar al Gobierno otros 80 entre IRPF y cotizaciones (de un sueldo mensual de 2.000€). Es un problema estructural que debe ser abordado más temprano que tarde si queremos crear empleo y ser capaces de obtener recursos de otras fuentes. Para salarios bajos son mayores las cotizaciones y, para los altos, la retención de IRPF.

En el año 2013, la mayor partida de ingresos del Estado son las Cotizaciones a la Seguridad Social (empresas y empleados) con un 37% del total, mientras que las Retenciones por IRPF sobre nóminas representaron un 24% y el IVA un 19% de los ingresos del Estado.

Estructura del Estado

Cuando los fondos son limitados hay que hacer como en cualquier hogar, dar prioridad a lo importante y recortar lo superfluo y disfuncional.

Para ello es imprescindible una transformación total de la estructura del Estado, con medidas concretas como la fusión de ayuntamientos, supresión de diputaciones provinciales, eliminación de organismos administrativos duplicados e innecesarios en las administraciones autonómicas (embajadas, Defensores del Pueblo, Tribunales de Cuentas, Consejos Consultivos,  Observatorios, etc), sino estaremos destinados a repetir los números y las causas que nos enquistan en esta situación de letargo económico y nos impide volver a la senda del progreso y crecimiento tan necesaria y demandada por los ciudadanos.

 

Fragmentos de la propuesta de Reforma Fiscal de Unión Progreso y Democracia